La declaratoria de “emergencia social para salvar el sector de la salud al incorporar por esta vía los recursos requeridos para financiar el sistema” es una medida autoritaria para crear nuevos impuestos en departamentos y municipios e inútil frente al infarto del sistema.

Se declara a pocos días de la aprobación del Presupuesto General de la Nación (PGN) y hace público un nuevo fracaso gubernamental aunque Uribe quiera confundir a los ciudadanos haciéndoles olvidar la causa estructural de la crisis, o sea la mercantilización mediante la expedición de la ley 100 de 1993 cuyo ponente fue el hoy Presidente y entonces senador. Mercantilización encarnada por el capital financiero tras EPS beneficiadas del Plan Obligatorio de Salud (POS) que cubre poco a los pacientes descargándoles muchos costos, mientras el Estado subsidia las EPS a través del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga) que tiene 8.6 billones en caja para enjugar el déficit fiscal del gobierno mientras deja de pagar 70 de cada 100 pesos facturados por los hospitales.
El mal gobierno y la demagogia con la salud están evidentes al presentar un Presupuesto General de la Nación 2010 (PGN) aprobado el pasado 20 de octubre, que utiliza una tercera parte ($148.3 billones) de la riqueza generada por los trabajadores o Producto Interno Bruto (PIB), no es un presupuesto “equilibrado y racional”, NO MODIFICA INVERSION EN SALUD Y COMPONENTES SOCIALES, mientras crecen 7% los gastos burocráticos y represivos en relación con el 2009.
El faltante fiscal (más del 4% del PGN) por los falsos supuestos de ingresos tributarios esperados (sólo cubrirían el 47.4% del PGN) no da solución a las exigencias de salud popular, termina en mayor endeudamiento del país, privatización de lo poco que le queda al Estado (Ecopetrol, sector eléctrico, etc.) y más cargas tributarias al pueblo. El PGN no es el “instrumento idóneo para enfrentar las dificultades económicas del país” que predica el régimen, tiene al centro la represión y pago de la deuda ($61.3 billones, 41% del PGN) que NO remedia la “emergencia social”.
El gasto en la guerra que debilita el gasto social se incrementa en una espiral iniciada con Uribe en 2002 de 15.4% PGN y 4.8% del PIB a 16.9% del PGN (5.5% del PIB) en 2010 más los dólares del Plan Colombia. El pago de la deuda, que hoy copa el 26.9% del PGN (8.9% del PIB) se calcula que vuelve a proyectar participación similar al 2002 cuando llegó Uribe. Los gastos en burocracia inútil se incrementan del 2009 a 2010 un 70% con más personal de “seguridad y defensa”. Seguridad y funcionamiento burocrático (56%) más el pago de la deuda (27%) arrancan el 83% del PGN, sólo 17% se invierte, sin incluir costos de la corrupción uribista que demostró “agro-ingreso-seguro”.
Uribe trata de disfrazar el deterioro del tejido social, a pesar del maquillaje, las cifras muestran  un creciente desempleo que supera 13% (o informalidad), 46% de pobreza (unos 20 millones de personas), indigencia 17.5% (unos 7.5 millones) y cerca de 5 millones de desplazados. Estas cifras desenmascaran a “familias en acción” como festín clientelista que de $1.4 billones para unos $1.3 millones de familias en 2010 pasó a $2.1 billones para llegar a $2.6 millones de familias beneficiarias de un asistencialismo que no constituye solución social como lo confirman la lluvia de tutelas reclamando derechos sociales y la declarada “emergencia social”.
El cuadro del desastre social lo remarca la postración del servicio de salud para el pueblo con el Seguro Social destruido, decenas de hospitales cerrados y el resto al borde de la quiebra que hacen inaplicable y demagógica la ampliación de la cobertura popular (o “sisbenización”), el lucro de la industria farmacéutica y los intermediarios de la salud que se quedan -a veces- hasta con el 40% del presupuesto, y se complica con la deuda de los entes territoriales por tratamientos que no están en el POS es de $500.000 millones, pero podría llegar a seis billones de pesos en 2011, agravado por los recortes de las transferencias para la inversión social mediante el acto legislativo 01 del 2001 y 04 de 2007, combatido por el estudiantado y el magisterio por agravar las falencias en educación.
Mejorar la salud de los colombianos pasa por medidas inmediatas como la derogatoria de la ley 100 de 1993 con un cambio constitucional y legal que garantice este derecho prestado directamente por el Estado eliminando la intermediación, garantizando el acceso a los pobres con calidad y oportunidad, incrementando el presupuesto nacional en salud con los cuantiosos recursos hoy usados en el pago de la deuda, la burocracia inútil y la represión o “seguridad democrática”.
La salida a la crisis social no viene de Uribe así la use para tratar de mantener su gobernabilidad, ni viene de los partidos oligárquicos que la han causado, sólo puede abanderarla el movimiento social y político popular, democrático, de izquierda y revolucionario, como lo han mostrado los jóvenes universitarios en sus luchas por más presupuesto y las huelgas y acciones obreras, campesinas y populares que acumulan fuerzas y triunfos parciales contra el programa del proyecto de “Estado Comunitario” de inspiración fascista y neoliberal (que defiende el llamado uribismo) demandando la conquista de un gobierno democrático y antiimperialista.

 

Combatiendo Unidos Venceremos!
¡Fuera yanquis de Colombia! ¡No a las bases militares del imperialismo!
Partido Comunista de Colombia (marxista-leninista)

Colombia, diciembre 9 de 2009.